Reformar a la PGR

ANTONIO TENORIO ADAME

 La Secretaria del Congreso inició la segunda fase de recepción de la  documentación relativa a la integración de la LXI Legislatura para la renovación del Congreso de la Unión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por medio de las instancias regionales,  entrega a la Cámara de diputados la documentación que contiene las impugnaciones electorales.

Entre la documentación que se ha recibido se encuentra la constancia de mayoría del presunto diputado por Michoacán, Julio Cesar Godoy, quien también es “presunto” involucrado en delitos de asociación delictiva, según la Procuraduría General de la República

 Al presunto inculpado le debieron dictar su auto de aprehensión para consignarlo, y si no tienen todas la pruebas,  deben  quedarse callados en lugar de enlodar a sus adversarios políticos con una sarta de mentiras mezcladas con algunos casos de verdad.

En caso de su detención sería el suplente quien asumiría la representación, quien también fue electo para el cargo. Cualquier decisión en contra, implica una flagrante violación a la voluntad soberana, baste recordar la tendencia de los panistas para politizar la procuración de justicia

 En la actualidad la PGR formula declaraciones, o inicia investigaciones para   involucrar a candidatos a y partidos políticos de oposición con fines de desprestigio a efecto de que sean cuestionados por la sociedad, pierdan apoyo de electores y se favorezca la línea oficialista. Tal como ocurrió en las pasadas elecciones de gobernador en el Estado de Jalisco, al candidato del PRI, Arturo Zamora Jiménez, lo acusaron sin pruebas pero loa exhibieron y perdió la elección.

De igual forma han procedido en muchos otros casos, la irresponsabilidad, su ejercicio del poder no tiene límites. Es una verdadera forma de crear fraudes electorales al amparo del poder, al margen de la legalidad y sobre todo, gozando de impunidad, este es el estilo personal de los panistasSe trata de la maquinación de un “fraude electoral moderno”, donde el principal instrumento de  protección de garantías queda al servicio de un partido y una administración.

                LA PGR MONOPOLIZA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

No extraña pues, el comportamiento de la PGR preferir a instancias de otra potencia, como los Estados Unidos,  frente a demandas que promueven organismos internos , aunque de corte supranacional, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por el lado filo estadounidense  es obvia a la saciedad a su filiación, el “zar antidrogas”, Gil se le distingue con una entrevista presidencial, en tanto el Procurador Medina Mora, acepta sin reparos,  a lo que llama “perspectiva integral” , para  establecer Cortes de atención a adictos a las drogas. Es indiscutible la aceptación de ofrecer soluciones de salud como corresponde a uno de los enfoques de este problema.

A contrapelo, responde a José Luis Soberanes, Presidente de la CNDH, con desdén y prepotencia, que la investigación  del MP se protege con discrecía, por lo que los derechos humanos no acceden a dicha información.

Existe un conflicto de intereses porque ambas instancias deben cubrir las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ciudadanos.

No ocurre así porque el MP dispone del monopolio de la “vindicta pública”, un recurso que debería poseer las víctimas privilegiadamente. Y acaso, después el Defensor del Pueblo, inexistente en México, por lo que sería la CNDH la depositaria de esta noble herramienta.  Pero en ningún caso el representante del Estado porque asume las funciones de la sociedad.

Hay que reformar la PGR.