Los narcos mexicanos son ¿terroristas?

Por Marco Tulio Culebro B.

Especial para la página      www.elahuizote.info   

México, 29 jul.- Este martes 28 de julio el llamado “Zar” anti-drogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, calificó en forma desafortunada a los narcotraficantes mexicanos, además de criminales, como “terroristas”, declaración que no puede considerarse un “resbalón semántico” en la voz de un funcionario estadounidense cuyo trabajo es el de presionar a México –entre otras funciones-. Duro epíteto en un momento en el que se discuten los términos y dineros del cuestionado Plan o Iniciativa Mérida.

Si bien es de gravedad y preocupante la violencia que ejerce el crimen organizado de los cárteles mexicanos de la droga, quizá resulta peor adoptar sin sonrojo un calificativo que ha permitido a Estados Unidos lanzar guerras absurdas “preventivas” aludiendo razones falsas contra países donde supuestamente hubo, habría o había “terroristas”.

El asunto toca el meollo de la “guerra antidroga” que sin declaración previa lleva a cabo el presidente Felipe Calderón Hinojosa contra las fuerzas irregulares del narcotráfico como eje político esencial de su “administración” –que incluso fue un tópico manejado con fines electorales y de forma abierta por su Partido Acción Nacional en las elecciones intermedias de este 2009 (por cierto, descalificado por el electorado)-y ahora viene este señor Kerlikowske “a tirarle línea” al gobierno mexicano para que de un giro “terrorístico” a la lucha antinarco”.

Preocupa porque precisamente el mismo día se anuncia una tarjeta de identidad nacional que incluye características biológicas que no existen en país alguno, ni serían aprobadas en parte alguna sin denunciar la flagrante discriminación y violación a las garantías constitucionales y al derecho a la vida privada que representa el documentito.

Pero Calderón Hinojosa sigue paso a paso el dictado imperial sin entenderlo, y –de aprobarse- aceptaríamos una situación en la que: “sí se es mexicano, se es delincuente”. Y siguiendo el guión, si se desea la ayuda del plan Mérida, ese delincuente debe ser además (calificado de forma ideológica como) “terrorista” y clasificado -además- con tecnología biométrica.

No podemos admitir la mezcla de una categoría política (como es “terrorista”) con otras de índole judicial, (como son delincuente o narcotraficante) que justificaría de manera automática la discriminación, pero también cualquier intervención militar directa del vecino norteño, a causa de las medidas establecidas en el acta Patriot, -por desgracia- todavía vigente, donde se establece brincarse todas las leyes y razones de la tierra para decidir “acciones” contra “el terrorismo”.

Afortunadamente el Congreso mexicano rechazó de inmediato la aplicación de esta especie de super-visa interna o Cédula de identidad biométrica, (que entre otras cosas es cara a decir del senador Alfredo Ríos- PRI) y que además puede servir a las intentonas dictatoriales de limitar el derecho al libre tránsito por el país de los ciudadanos, especialmente de los opositores políticos.

No se trata de una concesión de lenguaje para el nostálgico sector bushista que firma los cheques del Plan Mérida y que está metido en el jugoso rubro de la seguridad con ganancias millonarias, sino de un grave inciso que revela el verdadero objetivo de ese Plan que presiona a México para contratar mercenarios (“especialistas”) y que aporta un ladrillo más a la construcción de un Estado policiaco donde el ciudadano vale muy poco o nada.

¡Qué mejores expertos del “anti-terrorismo” puede haber para México que los soldados de fortuna de la empresa Halliburton!, diría Kerlikowske.

¡Qué mejor oportunidad de negocios en contratos de seguridad, precisamente cuando las tropas de EEUU han tenido que salir de Irak tan vergonzosamente!

Cabe comentar aquí entonces la retirada de Irak concretada este 30 de junio, donde EEUU procura disfrazar en alguna forma su derrota política, económica, moral y militar por el repudio a su guerra de parte de todo el conglomerado social iraquí y del mundo entero.

Una guerra absurda desatada contra un pueblo árabe cuyo único delito es tener petróleo por la cual Estados Unidos se fue quedando sin los aliados que acompañaron en un principio su loca aventura y que –por si fuera poco- su costo contribuyó al presente colapso económico mundial.

El repudio por igual, desde las comunidades sunitas y chiítas, (donde sobresale el drama del desesperado periodista que lanzó un zapato contra Bush), hasta el rechazo incluso del mismo gobierno títere que convenció al US Army -y a mercenarios asociados- de la pertinencia de despedirse de Bagdad, y viene a colación porque la clase política de México involucrada en cuestiones de seguridad pretende ignorar esta lección de la historia.

Así se debate el Plan o Iniciativa Mérida cuando la organización Human Rights Watch (HRW) destacó en su informe mundial anual de 2009 “los malos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas” y la impunidad con la que operan.

HRW señala además que la Iniciativa Mérida sería “una excelente oportunidad de mejorar la vigilancia en Derechos Humanos”, aunque en realidad el informe ha dado base a las voces que cuestionan los dineros de tal proyecto “asistencial”(de EEUU hacia México). Voces que crecen e influyen en la administración del presidente Barack Obama, por lo que tuvo que llegar la respuesta militar mexicana hace menos de una semana.

En esa forma, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, Jaime Antonio López Portillo, criticó el 24 de julio a los organismos que han documentado los abusos de militares en la presente “guerra” anti-narco, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre otros.

Podría pensarse que el señor López Portillo es un “ombudsman de paja” cuyo papel es defender a los victimarios, justificar las violaciones u ocultar los excesos; eso es real, aunque no muy exacto…

Diríamos mejor que representa al Ejército en su lucha por desenlodar su imagen luego de verse involucrado en funciones de policía. Este mismo señor tuvo que informar que desde 2006 el fuero militar ha sentenciado a 12 subordinados y tiene en proceso a otros 52 por casos de lesa humanidad que incluyen homicidio, tortura y secuestro.

Es más simple, el ombudsman de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) solo creaba el clima previo a la visita del Zar antidrogas estadounidense para que lleguen a su vez, pronto, los dineros del Plan Mérida “a como de lugar”, obviando las violaciones cometidas por militares o la bravata verdaderamente terrorígena de Kerlikowske lanzada esta semana al equiparar a los narcos mexicanos con terroristas.

La gravedad de la declaración de Kerlikowske se suma a la emitida por la secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, quien declaró en mayo que había que “ir a matar” a los jefes de los cárteles mexicanos “donde se encontraran”.